Raquel Suárez
El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, rechazo estar detrás de las órdenes de aprehensión por el caso de la fundación Mery Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Esto a partir de que la Fundación acusó la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado.
En videoconferencia de prensa y a pregunta expresa de los medios de comunicación subrayó que el Gobierno no dicta órdenes de aprehensión, sino los jueces.
“¿Quién dicta las órdenes de aprehensión?, son los jueces, no es el gobierno”, se limitó a mencionar.
Barbosa Huerta sostuvo que los jueces dictan esos mandatos jurídicos “cuando hay pruebas”, se limitó a decir el titular del Ejecutivo en Puebla.
