Un vicio común y corriente en el régimen neoliberal que encabezaron durante tres décadas los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) fue el de utilizar el erario destinado a las burocracias del servicio público para alimentar verdaderos ejércitos parasitarios con derecho a sueldo y hasta plazas de trabajo, sin que los beneficiarios tuvieran la obligación de acudir a los centros laborales.
A los practicantes de esta modalidad de robo de dinero público se les conoce como “aviadores”, personas que solo “aterrizan” en las oficinas cada quincena para cobrar sus cheques.
Estos “aviadores” regularmente eran operadores políticos del partido en el gobierno o amigos, aliados y cómplices del mandatario en turno. En Puebla incluso se sabe que aparecen aún en las nóminas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) varios periodistas que en su vida han pisado un aula para dar clases.
Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, reveló que el Congreso local abrió una investigación por la presencia de aviadores en el gobierno de Puebla, en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y en el mismo Poder Legislativo que datan de las administraciones del PAN.
Más allá de que estos abusos sean castigados con el retiro de las plazas, sus usufructuarios deben ser castigados con todo el peso de la ley, lo mismo que quienes les dieron el privilegio de cobrar emolumentos sin trabajar, a costa del dinero de todos.
